En Florida, cuando se acusa a una persona de ocultar o tergiversar información de manera intencional con el fin de inducir a error o engañar, puede ser procesada en virtud de la ley estatal sobre fraude organizado. El fraude organizado se considera un delito grave. En caso de ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a sanciones graves, por lo que es fundamental que quienes hayan sido acusados de fraude cuenten con una defensa sólida. Para hablar con un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco sobre su detención o los cargos en su contra, comuníquese hoy mismo con uno de nuestros abogados de Miami para programar una cita.
Según la ley de Florida, un plan fraudulento consiste en una conducta sistemática y continuada con la intención de defraudar a alguien u obtener bienes mediante engaños.
Esta amplia definición abarca una variedad de prácticas diferentes, entre las que se incluyen:
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Aunque la ley de Florida prohíbe específicamente el uso del correo electrónico, los teléfonos o las computadoras para cometer fraude organizado, los fiscales no están obligados a demostrar que el acusado haya utilizado alguna de estas formas de comunicación. En cambio, los fiscales solo deben demostrar que el acusado participó en un plan para defraudar a otra persona y que, como resultado, obtuvo bienes. Esto incluye cualquier cosa de valor, como bienes inmuebles, activos tangibles, bienes intangibles —tales como derechos e intereses— y servicios.
La gravedad de las sanciones a las que se enfrenta un acusado que ha sido declarado culpable de fraude organizado depende del valor de los bienes involucrados. Por ejemplo, si el valor de los bienes o activos en cuestión fue inferior a $20,000, el delito se considera un delito grave de tercer grado, que se castiga con hasta 5 años de prisión. Si el monto superó los $20,000 pero fue inferior a $50,000, el acusado enfrenta cargos por delito grave de segundo grado, lo que podría significar hasta 15 años de prisión. Por último, quienes hayan obtenido más de $50,000 pueden ser acusados de un delito grave de primer grado, que se castiga con 30 años de prisión. También es importante señalar que el valor de todos los bienes obtenidos en una sola estafa se sumará para determinar el grado del delito, incluso si las ventas fueron realizadas por varias personas.
Quienes sean declarados culpables de utilizar medios de comunicación para defraudar a otra persona se enfrentan a cinco años de prisión, siempre y cuando los bienes tuvieran un valor superior a $300. Incluso si los bienes tuvieran un valor inferior a $300, el acusado podría ser acusado de un delito menor de primer grado.
Si lo han acusado de participar en un fraude organizado, comuníquese con nuestros abogados penalistas de Miami al 305-670-9919 para hablar con un abogado que pueda evaluar su caso.
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