Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

¿Te acusan de sobornar a funcionarios extranjeros en Miami, Florida?

Dado que la economía de Estados Unidos se ha vuelto cada vez más global, tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) como la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) han dado prioridad al cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Debido a la complejidad de esta ley y a los cambios en las prioridades del gobierno, las empresas con vínculos internacionales enfrentan riesgos cada vez mayores.

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Resumen de la FCPA

Promulgada en 1977, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) prohíbe a las personas y empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros para promover intereses comerciales. Si bien las disposiciones contra el soborno establecen que es ilegal pagar, ofrecer, autorizar o prometer un pago a cualquier entidad extranjera con el fin de influir en asuntos comerciales, las disposiciones contables exigen que las empresas internacionales mantengan registros precisos de cualquier autorización de pago y otras transacciones.

Las personas que infrinjan la sección sobre lucha contra el soborno de la FCPA se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta $250,000 o el doble de la cantidad obtenida o perdida como consecuencia del pago corrupto, y una multa civil que no exceda los $10,000.

Las personas que infrinjan las disposiciones contables se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión federal, una multa de hasta $5 millones o el doble de la cantidad obtenida o perdida como consecuencia de la infracción, y una multa civil de no más de $100,000.

Las empresas que infrinjan la FCPA se enfrentan a multas penales de hasta $25 millones o el doble de la cantidad obtenida o perdida como consecuencia de la infracción, así como a multas civiles de hasta $500,000.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida ha creado un grupo especial de fiscales federales y agentes de seguridad pública para investigar a personas de alto perfil acusadas de violar las normas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Su atención se ha centrado en funcionarios, empresarios, administradores de patrimonio y políticos venezolanos. Recientemente, el tesorero nacional de Venezuela entre 2007 y 2010 se declaró culpable, en diciembre de 2017, de conspiración para el lavado de dinero y de violaciones a la FCPA, lo que le llevó a perder $1 mil millones en activos personales, incluyendo cuentas bancarias, aeronaves, bienes raíces, vehículos, caballos y relojes. Otros funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) fueron acusados de violaciones a la FCPA, así como numerosos administradores de patrimonio, exministros y empresarios colombianos con estrechos vínculos con el presidente Nicolás Maduro.

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