La ley federal exige que las empresas públicas mantengan registros exhaustivos y precisos de sus transacciones financieras. Las empresas que no cumplan con estos requisitos pueden verse obligadas a pagar multas de hasta $ 1,000,000, y los funcionarios de la empresa podrían ser condenados a hasta diez años de prisión. Desafortunadamente, muchos empresarios o empleados inocentes son acusados de violar la ley federal, incluso cuando esas personas nunca tuvieron la intención de defraudar al gobierno. Por esta razón, es fundamental que quienes estén bajo investigación por fraude hablen lo antes posible con un abogado especializado en delitos de cuello blanco que pueda comenzar a trabajar en su nombre.
Informes financieros
Según la ley federal, las empresas públicas que generan ingresos están obligadas a presentar informes periódicos que incluyan estados financieros. Estos registros también deben ir acompañados de una declaración escrita del director ejecutivo y del director financiero en la que se certifique que:
- El director general y el director financiero revisaron el informe
- Según su leal saber y entender, el informe no contiene ninguna declaración falsa ni omite ningún hecho relevante con la intención de inducir a error;
- Los estados financieros, incluidos los datos y cualquier comentario de la administración y análisis de las operaciones, representan con precisión la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo.
Los funcionarios de la empresa también deben certificar que:
- El informe periódico cumple plenamente con la ley federal;
- La información contenida en el informe presenta de manera fiel la situación financiera y los resultados de la empresa.
Declaraciones
Además de certificar la exactitud de los datos que figuran en el informe financiero, los funcionarios de la empresa también son responsables de:
- Establecer controles de divulgación diseñados para garantizar que la información necesaria para la presentación de informes se registre, procese, resuma y presente de manera precisa y oportuna;
- Confirmar en el informe trimestral que han diseñado estos controles y que han evaluado su efectividad en los últimos 90 días;
- Certifiquen que presentaron sus conclusiones sobre la eficacia del programa en el informe.
El director financiero y el director general también deben informar a sus auditores sobre cualquier deficiencia en los controles internos de la empresa, así como sobre cualquier actividad fraudulenta en la que esté involucrada la administración.
Posibles sanciones
El incumplimiento de estos requisitos puede acarrear graves consecuencias, ya que incluso presentar una declaración por escrito en la que se afirme que los informes financieros son precisos, a sabiendas de que dichos informes no cumplen con la ley federal, se castiga con una multa de $ 1,000,000 y una pena de prisión de diez años.
Certificar que un informe es correcto, a sabiendas de que no cumple con los requisitos federales, se sanciona aún más severamente, con una multa de $ 5,000,000 y una pena de prisión de hasta 20 años. Este tipo de cargos suelen ir acompañados de acusaciones de otras actividades fraudulentas que pueden aumentar la pena impuesta a la persona. Sin embargo, es importante señalar que, para que un funcionario corporativo pueda ser condenado en virtud de esta ley, los fiscales deben poder demostrar que el acusado sabía que el estado financiero o el informe era inexacto al momento de la certificación.
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