Según la ley federal, la divulgación de información confidencial por parte de un empleado del gobierno constituye un delito grave. Quienes sean acusados de este delito se enfrentan a penas de prisión, multas y la expulsión obligatoria de su cargo. Contar con una defensa sólida es fundamental para evitar este tipo de consecuencias drásticas, por lo que, si te han acusado de divulgar información confidencial del gobierno, debes contratar a un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco que pueda comenzar a trabajar en tu defensa.
¿Quiénes pueden ser procesados?
Solo quienes ocupan determinados cargos pueden ser acusados de revelar información confidencial. Esto incluye a:
- Funcionarios o empleados de los Estados Unidos;
- Cualquier persona que actúe en nombre de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda;
- Cualquier agente del Departamento de Justicia (DOJ);
- Cualquier empleado de una organización del sector privado que haya sido asignado a una agencia gubernamental.
Si alguna de estas personas publica, divulga o da a conocer cualquier información de la que haya tenido conocimiento en el curso de su empleo o de sus funciones oficiales, podrá ser acusada de divulgación ilícita. Sin embargo, para que una persona sea acusada de este delito, la información debe referirse a otra persona o empresa:
- Secretos comerciales;
- Procesos;
- Operaciones;
- Estilo de trabajo;
- Electrodomésticos;
- Identidad;
- Datos estadísticos confidenciales;
- Cantidad o fuente de ingresos;
- Beneficios;
- Pérdidas; o
- Gastos.
Para que una persona pueda ser condenada por revelar este tipo de información gubernamental confidencial, los fiscales deben demostrar que el acusado:
- Era un funcionario o empleado del gobierno de los Estados Unidos;
- Revelo información confidencial;
- Sabía que la información era confidencial y que estaba prohibido divulgarla.
Si el gobierno no puede demostrar estos tres factores, no se puede condenar a un acusado por revelar información confidencial.
Posibles consecuencias de una condena
Los empleados y funcionarios públicos tampoco tienen permitido permitir que nadie vea o examine una declaración de ingresos que haya llegado a su poder en el ejercicio de sus funciones. De hecho, cualquier persona que divulgue voluntariamente una declaración de impuestos o información relacionada con la misma será acusada de un delito grave, punible con una multa de $ 5,000 y una pena de prisión de hasta cinco años. Esto se aplica incluso a exfuncionarios y exempleados. Quienes sean condenados por este delito también deberán pagar las costas judiciales y, si son empleados o funcionarios públicos en activo, serán destituidos de su cargo o despedidos.
Por último, cualquier persona que reciba declaraciones de impuestos no autorizadas y decida imprimir o publicar esa información también puede ser acusada en virtud de esta ley. Incluso ofrecer algo de valor material a cambio de información sobre declaraciones de impuestos constituye un delito grave, por lo que cualquier persona acusada de cometer este delito debe consultar a un abogado especializado en delitos de cuello blanco que pueda proteger sus derechos y representar sus intereses en el tribunal.
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